La migración de retorno: un tema pendiente


Partir es morir un poco. Llegar nunca es llegar definitivo.

Oración del migrante

La migración tiene sus orígenes desde la existencia misma del ser humano. Su estudio ha cambiado a lo largo del tiempo según las diversas causas que la motivan (guerras, pobreza, desempleo, inseguridad y/o cambio climático, entre otras), así como sus modalidades, frecuencia, magnitud y la atención que le otorga la opinión pública.

Los movimientos migratorios provocan un rechazo generalizado, principalmente en las sociedades de acogida, donde más allá de considerarlos una amenaza a la seguridad, prevalece una percepción de miedo a la manifestación de nuevas prácticas culturales.

En este sentido, la migración de México a Estados Unidos no es la excepción. El fenómeno existe desde hace más de un siglo, derivado de la proximidad geográfica y la historia compartida. De acuerdo con el Censo de EU (2017), más de 35 millones de migrantes con ascendencia mexicana y alrededor de 11.5 millones nacidos en México viven en ese país.

A lo largo de la historia, México ha sido estudiado como un país expulsor de migrantes, pero en las últimas décadas el foco ha cambiado hacia la migración de retorno —etapa en la cual los migrantes regresan a su lugar de origen de manera voluntaria o forzada—. El retorno siempre ha existido como una etapa dentro del proceso migratorio. Sin embargo, su incremento exponencial —ahora de EU hacia México— tuvo como causa inmediata la crisis económica de 2008, aunque ya se venía gestando con el reforzamiento de las políticas migratorias en EU y se recrudeció con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Este nuevo escenario hace latente la necesidad de generar acciones gubernamentales que aseguren la reintegración exitosa de los connacionales retornados en nuestra sociedad. Por tanto, el gobierno de México debe trabajar para fortalecer su andamiaje institucional y promover políticas multidimensionales —culturales, económicas, sociales, políticas y socioemocionales— que respondan a las características y necesidades específicas de los migrantes de retorno, al igual que a su nueva identidad binacional.

México cuenta con un marco jurídico que pareciera ser relativamente exitoso, pero se identifican diversos obstáculos que limitan la correcta ejecución de la política migratoria, lo cual disminuye la eficiencia institucional en favor de esta población. Se destacan tres:

En primer lugar, hay dos leyes que regulan la migración de retorno: la Ley General de Población (1974) y la Ley de Migración (2011). La primera, por su jerarquía, tiene la posibilidad de distribuir competencias a los tres niveles de gobierno, y la segunda tiene competencias solo a nivel federal. Asimismo, la primera ley hace referencia a los migrantes como repatriados y la segunda, como migrantes de retorno. Es importante evitar la duplicidad de tareas y el desfase normativo de ambas leyes, así como homologar la terminología en favor de la migración de retorno, que incluye a aquellos que regresan de manera voluntaria.

En segundo lugar, el Instituto Nacional de Migración (INM), organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y responsable de instrumentar la política migratoria en México, cuenta con diversos problemas de coordinación. Resulta fundamental solventar la falta de coherencia interna en los órganos encargados de la gestión migratoria y la escasa comunicación o incluso contradicciones entre estos. También es prioritario superar el enfoque de seguridad en las políticas migratorias hacia medidas encaminadas a la protección, desarrollo, integración y cohesión social de los migrantes.

En tercer lugar, los programas de atención para retornados son limitados. Desde 2013, el Programa Somos Mexicanos, a cargo del INM, es la principal estrategia federal para atender a ese sector de la población migrante. El programa ha resultado exitoso para resolver sus necesidades básicas en su ingreso al país, pero el esquema presenta importantes restricciones en su ejecución.

La mayoría de los servicios/programas están dirigidos a los migrantes deportados, lo cual deja fuera a quienes regresaron de manera voluntaria, y cuentan con las mismas necesidades de reintegración.

Se detecta una desconfianza generalizada hacia el gobierno; los migrantes de retorno evitan acercarse a programas estatales.

Somos Mexicanos debe elevar su estatus a política pública, esto con la finalidad de distribuir competencias en los ámbitos estatal y municipal, y tener un presupuesto asignado.

Desde la óptica de la gobernanza migratoria, el proceso de integración debe responder a una lógica de corresponsabilidad. La reintegración requiere de la acción gubernamental, a la vez que del compromiso individual de los migrantes para involucrarse en las sociedades de acogida. Lo anterior será un aspecto clave para identificar características y necesidades específicas de los migrantes de retorno, y poner en marcha políticas públicas que los involucren en el desarrollo del país.

A escala internacional, la tendencia de las políticas migratorias es hacia la promoción, el diálogo, el intercambio de buenas prácticas y la coordinación. El Pacto Mundial sobre Migración, adoptado en Marrakech en diciembre de 2018, es un caso de éxito en el ámbito multilateral para cooperar en favor de una migración segura, ordenada y regular. Aunque no es un pacto vinculante (sin obligatoriedad jurídica), tiene un peso político importante que amerita un marco de cooperación para generar soluciones nacionales ante los retos que enfrentan los migrantes en el mundo, e incluye diversos compromisos en favor de los migrantes de retorno.

Por tanto, la migración de retorno debe adquirir una mayor prioridad para la nueva administración en México. Se esperaba que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca estuviera acompañada de una etapa de deportaciones masivas, pero por el momento no ha sido así. Entre 2009 y 2013, Obama deportó 2.7 millones de mexicanos, un promedio de 540 mil anualmente. En contraste, de acuerdo con el INM, en 2019 fueron deportados de EU 211 mil 383 mexicanos. Si bien las cifras han disminuido, aún son alarmantes y no tenemos certeza de que la tendencia siga a la baja. Debemos recordar que el futuro de los dreamers será definido este verano por la Corte Suprema de EU.

Frente a ese escenario, es importante retomar el tema en la agenda y asegurar su visibilidad. La migración es un fenómeno que seguirá en crecimiento, que por su magnitud debe adaptarse a una dinámica trasnacional más allá del ámbito nacional, y que lejos de ser amenaza, representa una oportunidad para enriquecer nuestras sociedades. Por ello, es inaceptable dejar fuera de las acciones y prioridades gubernamentales cualquier etapa del ciclo migratorio.

* Internacionalista de la Universidad Iberoamericana y maestra en Administración Pública del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.



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